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La batalla contra la corrupción está perdida

IDEALPOLITIK | 15 de enero de 2018
Por: SANTIAGO ALBIZZATTI

Corría octubre de 2012 y un empresario argentino dedicado a importar grandes cantidades de telas desde el sudeste asiático se acercó a la secretaría de Comercio Interior de la Nación, por entonces comandada por Guillermo Moreno, a pedir auxilio. Atrapado en la maraña burocrática de la Aduana, un container suyo con más de 6 millones de dólares en telas con destino a los comercios del barrio de Once esperaba a ser liberado.

El tiempo se acababa. Cada día que pasaba los costos erosionaban más y más la rentabilidad del negocio hasta extinguirla por completo. Acorde a lo declarado por el empresario en diciembre de ese mismo año, en la secretaría de Comercio le pidieron “un gesto del 6 por ciento” para liberar la mercadería.

La denuncia presentada ante los medios por aquel empresario apenas recibió la atención que merecía. Es que, la noticia revelaba dos verdades. La primera, que la burocracia de la Aduana escondía un negocio tan oscuro como redituable. La segunda, que el gobierno había hecho un acuerdo a través del cual el único empresario que tenía permitido ingresar telas libremente al país era Francisco de Narváez, por entonces propietario de la marca de ropa Rapsodia.

Aquel mismo año el gobierno de CFK había simulado una feroz pelea contra el dirigente colombiano en los medios de comunicación. De este modo, mientras al pueblo se le “vendía” la idea de una pelea a muerte con De Narváez, por debajo de la mesa el colorado era un socio hecho y derecho.

Cuando, a mediados del año 2013, el periodista Jorge Lanata lanzó a la luz su tan anticipado informe denominado “La ruta del dinero K”, engendró consciente o inconscientemente un monstruo que aún crece y se alimenta de la desconfianza del pueblo en sus dirigentes políticos. Una gigantesca oruga que fagocita corrupción a su lento y esponjoso paso. En tan sólo unos minutos de aire, Leonardo FariñaLázaro Báez y Jorge Chueco, entre tantos otros, se volvieron de pronto rostros conocidos –y odiados- por todos los argentinos.

“La ruta del dinero K”, para quien lo haya olvidado, nació un año antes del informe televisivo, cuando un grupo de juristas argentinos se hizo de algo más de 3.500 páginas de documentos e investigaciones judiciales que estaban en manos de los abogados de los holdouts en Estados Unidos. Cuando los tenedores de bonos buscaban activos argentinos en el exterior para embargar, encontraron una lista de 21 personas y 123 sociedades que realizaban movimientos en el exterior por algo más de 492 millones de dólares a través de distintos bancos internacionales.

Al levantar el velo de aquellos actos de corrupción se levantó, también, el de la inocencia de la sociedad argentina. La misma que llena estadios de fútbol promovidos por la imagen de Perón y compra sin descanso slogans repetidos hasta el cansancio que hablan de la lucha contra el Capital y los fantasmas siempre vigentes de los Estados Unidos y los organismos multilaterales de crédito. La misma sociedad que en cafetines de barrio, oficinas y cumpleaños familiares se enreda en interminables discusiones políticas en la que todos, indefectiblemente, “tienen la justa”. Es tal vez esta inocencia la que permite que la clase política se sumerja a sus anchas en un derrotero de corrupción, acumulando cifras absurdas de dinero mal habido, mientras el pueblo se distrae pidiendo otro cortado sin azúcar y debatiendo la veracidad de las ideas del Che Guevara.

Aquel informe de Jorge Lanata propuso el puntapié inicial para lo que se transformó en una de las más importantes batallas contra la corrupción política de la historia argentina. Supuso, además, el fin de una tradición nacional: La del “siga, siga”. Acorde a esta vetusta ley, cualquier acto de corrupción cometido por el titular del gobierno anterior debe ser olvidado. De lo contrario, el mandatario actual se expone a una venganza similar cuando termine su mandato. ¿Corrupción? Siga, siga.

Como si se tratase de un documental sobre la corrupción en el África Meridional, los argentinos observaron embobados los yates de Ricardo Jaime, a José López, ametralladora en mano, tirando bolsos de dinero por encima de la pared de un convento, a Amado Boudou coleccionando Harley Davinson, a Lázaro Báez, cajero del Banco Nación, construyendo un imperio de miles de propiedades inmobiliarias, a sindicalistas manejando lujosas Ferrari en ostentosas chacras de Punta del Este y a Cristina Fernández de Kirchner solventando costosos hoteles que, a pesar de estar vacíos durante todo el año, eran increíblemente exitosos. Otro cortado, por favor.

No obstante la ola de detenciones ordenada por la Justicia, la dicotomía de pueblos pobres y políticos ricos parece no haber terminado. Néstor Grindetti, intendente macrista de Lanús con uno de los más estrafalarios prontuarios en los Panamá Papers, enfrenta acusaciones de beneficiar a empresarios amigos en licitaciones públicas. Lo mismo ocurre con Gustavo Ferrari, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires y el empresario Víctor Lusardi, acreedor de una licitación de 1.054 millones de pesos. Darío Giustozzi, ex intendente de Almirante Brown sobre el que pesan causas judiciales por malversación de fondos y un embargo de 3 millones de pesos, obtuvo “una manito” del presidente Mauricio Macri y huyó a Ecuador a asumir su nuevo cargo de embajador. El actual legislador de Cambiemos Andy Freire, a quien se lo vinculó en numerosas licitaciones en las que triunfó su empresa de papelería estando “en los dos lados del mostrador”, recomienda alquilar el patio para poner carpas y asegura que “si no ganás plata, es porque no querés”. El intendente oficialista de San Vicente, Mauricio Gómez, se asignó a sí mismo un salario de 3.294.357 pesos anuales sin sentir ningún tipo de remordimiento. El ministro Santiago Medrano decidió gastar 1.5 millones en “coffee”, al igual que el directorio de OCEBA, que no se quiso quedar sin el café con leche de la mañana y destinó 343 mil de las arcas del Estado para suplir la demanda de cafeína. Todo esto y mucho más, mientras el presidente Macri asegura que el país continúa atravesando una preocupante crisis económica y gasta 236 mil pesos en una palmera.

Al llevar ante la Justicia a los responsables de los más grotescos actos de corrupción durante el gobierno kirchnerista, se dio un paso importante en la lucha contra la ilegalidad política y el enriquecimiento ilícito a espaldas del pueblo. Sin embargo, la corrupción sigue vigente en la arena política nacional y todo parece evidenciar que el “mani pulite” que pretende vender el gobierno aun se encuentra muy lejos de concretarse. Muy por el contrario, las pruebas apuntan a comprobar que la corrupción sigue siendo parte importante de la idiosincrasia política nacional. Mozo, la cuenta. (www.IDEALPOLITIK.com.ar)

 

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