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Opinión | Correo de lector

Armado de causas a manteros extranjeros en la Ciudad de Buenos Aires

IDEALPOLITIK | 7 de junio de 2017
Por: OMAR GUARAZ

A diario, manteros y vendedores ambulantes son detenidos por las fuerzas policiales de la Ciudad de Buenos Aires, acusados ante la justicia de delitos que no cometieron. Son detenidos en muchos casos por más de 24 horas y finalmente ingresados al circuito penal con un procesamiento.

De esta forma y de manera diaria, inocentes llenan las celdas de las comisarías de la Ciudad, aparte de ser golpeados por los funcionarios policiales en los arrestos que dan origen a estas detenciones ilegales, y también son robados en muchas ocasiones por estos mismos funcionarios públicos en sus pertenecías particulares (dinero y la mercadería que venden para subsistir). Estos hechos se producen de manera diaria y sin excepciones, particularmente con extranjeros que tienen como actividad la venta callejera.

No se trata de hechos excepcionales producto de un mal desempeño en su actividad de estos funcionarios policiales. Todo lo contrario, las detenciones son estratégicas y premeditadas por el poder político de la CABA, cuyo objetivo final buscado es el armado de causas judiciales a vendedores callejeros para de este modo, junto a otros métodos ilegales aplicados por el Gobierno de la Ciudad, exterminar la venta callejera.

Tras las detenciones, estos ciudadanos inmigrantes son deportados o al borde de la expulsión de nuestro país. Entonces trabajadores inmigrantes radicados en nuestro país (todos sin excepción de antigüedad ni estatus legal), sin vinculación con delito alguno, son deportados por delitos cometidos por el Estado, del cual son víctimas...

Cada decisión política no es casual. Revisemos:

Hace unos meses el Gobierno Nacional modificó mediante un decreto (Ilegal ya que es facultad del Congreso) de necesidad y urgencia, una ley migratoria. El gobierno apelaba a una emergencia de seguridad que no existía, falseando datos de la realidad en su forzada interpretación y con la imprescindible cobertura mediática en la desinformación.

En resumen, lo concreto de aquel decreto es que cualquier  extranjero por el simple hecho de ingresar al sistema penal (basta una simple contravención), independientemente del futuro de tal acusación, es pasible de ser deportado. No importa si es culpable y juzgado en proceso legal garantizado por la constitución.

El decreto presidencial es parte de la estrategia de expulsión ilegal a inocentes extranjeros y los deja sin defensa para luego inventarles un delito que no cometieron. De esa manera el uso ilegal del Estado en mano de la administración de la Ciudad y Nacional viola las garantías y derechos más elementales.

Las víctimas son de carne y hueso. Las fuerzas policiales sin excepción dejan de ser funcionarios públicos al servicio de la ley y se convierten en delincuentes con el inmenso poder que les otorga el propio Estado con la cobertura política que le da origen. Privan ilegalmente de la libertad a ciudadanos inocentes, imputan y mienten a jueces y fiscales  de turno sobre hechos  que no ocurrieron, golpean y coaccionan gravemente, aparte de robar la propiedad privada de los afectados, etc.

El Estado los hace delincuentes para cumplir sus objetivos políticos creando una real emergencia de seguridad ciudadana donde nadie está a salvo ya que no hay Estado al que recurrir.

Nos queda claro que los policías son cocientes como funcionarios públicos, cuya función es aplicar la ley, que su actuar es delictivo y los delitos que cometen son de una gravedad inusitada y se fundamentan en decisiones y órdenes políticas que le dan origen  y  necesitan indefectiblemente de la impunidad necesaria para “desarrollar normalmente su actividad”.

Cada decisión política no es casual. Revisemos:

Hace días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizo un fallo donde aplicaba el beneficio del 2x1a un genocida con el cual este quedaba libre y este antecedente judicial liberaría centenares de genocidas presos. Desde el poder político se daba impunidad y un claro mensaje. El fallo ocasiono un total repudio popular y nuevamente el mismo poder político en esta oportunidad por intermedio del Congreso descomprimió la tensión social.

Nos queda claro que el sentido del fallo del Máximo Tribunal no tiene otro fin  que enviar un mensaje a las actuales fuerzas de seguridad de que serán protegidos y exentos de ulteriores sanciones penales por los delitos que hoy cometen en función a las órdenes políticas que le dan origen.

Durante estos años, el Gobierno de la Ciudad, utilizo distintos métodos ilegales, propios de un Gobierno terrorista con el único fin político de  eliminar la venta callejera de la cual subsisten miles de personas, el armado de causas penales es sólo un ejemplo de ellos. Sabemos también que esto se está extendiendo a los vendedores callejeros del resto de nuestro país.

El uso ilegal del Estado para fines políticos no termina con nuestro sector. Durante la gestión de Gobierno Nacional actual se ha realizado profundas y continuas medidas de gobierno que solo busca una transferencia de recursos desde la mayoría de nuestro pueblo a un pequeño sector de nuestra sociedad, ha generado pobreza y conflictos que tenderán a incrementarse de manera inexorable en el transcurso del tiempo y este poder real utiliza el Estado para reprimir las consecuencias de su acción depredadora.

Cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno de la Ciudad, empezó la represión contra la venta callejera e instaló el concepto “mafia organizada “ para buscar consenso entre la población porteña mintiendo y estigmatizando sectores a destruir en sus fines para reprimir ilegalmente nuestro sector. Fue el inicio de su metodología ilegal.

Como Presidente, cataloga también de “mafia organizada” cualquier sector a destruir en sus objetivos: son mafia organizada docentes, sindicalistas, el Colegio de Abogados ,jueces y fiscales que no puede cooptar y cualquier sector de trabajadores que se oponen a sus políticas predatorias.

En la vida real el único mafioso es el sector económico que ha tomado control del poder político y que no duda de utilizar el Estado en su conjunto para perseguir sus objetivos económicos y políticos y cuyo común denominador es la violencia planificada.


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